Cuenta Scalabrini Ortiz que en un viaje al norte allá por 1945, su amigo Rapela le pregunta en un boliche a un grupo de indios matacos “Y muchachos, cómo estando?” y uno de ellos con la miranda honda le contesta “estando bien. Estando un coronel Perón… Patrón pagando… Indio cobrando…”; regía desde 1944 el Estatuto del peón rural y la ley 13.020 de protección al trabajador de cosecha y obrero de temporada, que establecía salarios mínimos y su pago en moneda nacional, descanso dominical, vacaciones pagas, condiciones de higiene, asistencia médica, alojamiento y alimentación para el trabajador, razones que motivaron la reacción de odio de clase de la oligarquía hacia el peronismo. Ambas leyes fueron derogadas por la dictadura cívico-militar y pro oligárquica allá por 1980, y nunca más recuperadas en estos 27 años de democracia.
Según datos de la AFIP hay aproximadamente 1,3 millones de peones, de los cuales tres cuartas partes estarían en la informalidad, a diferencia de UATRE que sólo reconoce 700 mil trabajadores en negro.
Recientemente se han hecho públicas graves denuncias por explotación laboral y trata de personas presentadas por la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 6 de San Nicolás contra las empresas Nidera, Southern Seeds Production y Satus Ager en campos de San Pedro, Ramallo y Arrecifes. Las investigaciones hablan de un sistema perverso de reclutamiento de trabajadores mediante agencias de empleo eventual, en deplorables e indignas condiciones de higiene y seguridad, sin luz, sin baños, cumpliendo 12 o más horas de trabajo, incomunicados con la prohibición de salir de las estancias, y la incertidumbre de no saber dónde ni por cuánto tiempo trabajarán, cuánto cobrarán, y con descuentos por alimentos y distintos elementos de trabajo que les son vendidos a sobreprecio por los mismos patrones, recordando los tiempos de La Forestal, situación que se enmarca en un contexto de plena bonanza agraria por la fuerte alza de los precios de los commodities.
Desde Movimiento Emancipador en Proyecto Sur bregamos por redoblar las inspecciones laborales y endurecer la legislación penal para los explotadores. Asimismo por la sanción de una legislación de trabajo agrario que se ajuste a la ley de contrato de trabajo, para terminar con estas situaciones de injusticia social, y las relaciones cuasi feudales en pleno siglo XXI.
Repudiamos enérgicamente el accionar inadmisible de los directivos de la empresa Saevent S.A., responsables de situaciones de trabajo esclavo, infantil y de trata de personas en el zonas rurales. Así como también rechazamos y denunciamos la complicidad tácita de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).
Por ello, adherimos a la lucha de las organizaciones que dignamente prueban que se puede confrontar efectivamente y en unidad contra estas indignas prácticas.
De esta manera, nos sumamos humildemente a las iniciativas de la cooperativa La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), buscando generar la unidad y fuerzas necesarias para lograr un verdadero clamor nacional contra el trabajo esclavo.
Saludamos respetuosamente a todas las organizaciones y compañeros. Unidos podemos.